En una reciente sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha confirmado la condena impuesta por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Burgos a un joven como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave por la muerte de otro joven fallecido tras recibir un puñetazo durante la madrugada del 24 de febrero de 2024 en una zona de ocio de la capital burgalesa.

La sentencia de la Sala, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ha desestimado íntegramente las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular y ha ratificado la resolución adoptada por el Tribunal del Jurado.

En dichos recursos, las partes acusadoras solicitaron la nulidad del juicio y de la sentencia. Asimismo, la acusación particular defendió además que los hechos debían ser calificados como asesinato o, subsidiariamente, como homicidio doloso.

Según los hechos probados, la víctima se encontraba en Burgos celebrando una despedida de soltero cuando, tras una conversación con el acusado, recibió un puñetazo en el rostro que le hizo caer al suelo y golpearse en la región occipital de la cabeza. Como consecuencia de las lesiones sufridas, falleció pese a la asistencia prestada por los servicios de emergencia.

El Jurado consideró probado que el acusado fue el autor de la agresión y concluyó que la víctima sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz y un traumatismo craneoencefálico derivado de la caída. También consideró probado que la víctima presentaba una elevada tasa de alcohol y que esa intoxicación influyó en el fallecimiento. Sin embargo, el veredicto descartó que el acusado actuara con intención de matar o que se representara como posible el resultado mortal de su acción. Asimismo, consideró que los conocimientos que tenía de artes marciales no influyeron en la fuerza del golpe.

Finalmente, además de la condena al acusado por cuatro años de prisión se le ha condenado al pago de indemnizaciones de 100.000 euros a cada uno de los progenitores de la víctima y de 50.000 euros a su hermana por los daños morales derivados del fallecimiento.

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